Los anclajes para las jaulas salmoneras antes erán trasladados desde Chiloé o Puerto Montt, pero desde que naufragó una barcaza que trasladaba estas estructuras y murieron 10 trabajadores, las empresas han comenzado a construir estos bloques de cemento en varias playas de la Región de Aysén. Muchas de estas empresas estarían funcionando ilegalmente.
Región de Aysén. 27 de febrero de 2008. (Ecoceanos News)—La Asociación Gremial de Organizaciones de Pescadores Artesanales de Aysén denunció la grave contaminación que está generando la extracción de arena, y la construcción y acopio de anclajes de cemento para balsas-jaulas salmoneras en diferentes playas de la Región, zona que esta siendo ocupada por la expansión de la industria acuícola.
Los lugares afectados son Puerto Laguna y Playas Largas de Isla Melchor; Caleta Vidal, en Canal Pilcomayo; y Caleta Andrade, en Puerto Aguirre. Los pescadores además exigieron a la Autoridad Marítima proceder al desalojo de estas instalaciones ilegales.
Los hombres de mar presentaron la denuncia ante el Capitán de Puerto de Puerto Aguirre, Alberto Castillo Campusano, a quien solicitaron ordenar “el inmediato desalojo de estas instalaciones ilegales y –advierten- que perseguirán las responsabilidades individuales, empresariales y administrativas que han permitido el nivel de daños ambientales que hemos detectado y registrado en fotografías y videos”.
A través de un comunicado público, los pescadores señalaron que “solicitamos a las autoridades competentes, desde ya, que se abstengan de autorizar estas actividades, obviando la normativa vigente y dejando expuesto nuestro territorio marítimo a la acción característica de la Industria Salmonera y que ha derivado en el colapso ambiental de la Región de Los Lagos”.
Fue el 23 de enero, cuando una delegación integrada por dirigentes de la Asociación Gremial de Organizaciones de Pescadores Artesanales de Aysén, representantes de la Alianza Aysén Reserva de Vida y del Programa de Salmonicultura de la CONAPACH, recorrió diversos sectores de Puerto Aguirre y las Islas Huichas. En esa ocasión detectaron la presencia de decenas de estructuras de hormigón depositadas en las playas de estos sitios. Pero desde hace dos años que los empresarios del turismo vienen denunciando este desastre ecológico provocado por estas empresas contratistas de la industria del salmón.
Según se denuncia en el comunicado, “en todos los sitios, detectamos la remoción de áridos en las playas para la fabricación de estos “muertos”, depósitos de basuras plásticas, de moldes de madera, de tarros de grasa y la erosión del borde costero por la acción de maquinaria usada para la extracción de áridos”.
“En Playas Largas, el mayor banco natural de almejas de la zona ha sido destruido por el acopio y movimiento de esas estructuras, de unas 20 toneladas de peso cada una. En Caleta Andrade, además de la abundante basura plástica, la playa pública ha quedado inutilizada por las operaciones de fabricación de “muertos”.
“En tres de estos sitios, detectamos la presencia de las naves que han sido contratadas para el traslado de estos “muertos” y fueron fotografiadas durante sus operaciones, contando esos antecedentes en la documentación que entregaremos a la Capitanía de Puerto de Puerto Aguirre”, reza el texto.
¿ILEGALIDAD?
Los pescadores dicen que “la Ley de Bases del Medioambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) exigen que estas operaciones, llevadas a cabo en cuerpos de agua de mar, presenten una Declaración de Impacto Ambiental previa al inicio de operaciones”.
“Entendemos que no existe ninguna presentación a COREMA y que la Gobernación Marítima de Aysén sólo dio un permiso provisorio para la construcción de “muertos” en Caleta Andrade, de Puerto Aguirre”. Esto, según lo expresado por el Gobernador Marítimo a un canal de televisión, dijeron los denunciantes.
En entrevista con Ecoceanos News, el asesor legal de la Fundación Pumalín, Fernando Siebald, dijo que “la Autoridad Marítima tiene que tener en cuenta que a la hora de entregar permisos de uso de terrenos de playa que el gran porcentaje de la costa de Aysén está dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por parte del Estado, y que con el proceso de zonificación costera se han agregado otras zonas. Es por ello que estas actividades, en muchos casos, deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por medio de un Estudio”.
Precisó que “en la Región de Aysén tenemos el proceso de zonificación costera, y en ese sentido hay muchas zonas que están con uso preferentemente turístico o uso preferentemente de conservación. En esos casos, se estima que las actividades que afectan el paisaje, según el Reglamento del SEIA, deben ingresar al sistema como Estudio de Impacto Ambiental, no como Declaración”.
El profesional de Fundación Pumalín agregó que “el Reglamento de Concesiones Marítimas establece que para permisos transitorios no mayores a un año o concesiones marítimas de menor importancia se requiere la obtención de una serie de certificados de diversas instituciones. Estos permisos son sin perjuicio de las demás autorizaciones que se requieran, vale decir, Declaración de Impacto Ambiental, autorizaciones de la Dirección de Fronteras y límites, las normas sobre administración de bienes del Estado, etc”,
Además, “tenemos que tener presente que Aysén es una región declarada zona fronteriza, por lo tanto tiene que cumplir una serie de requisitos de Cancillería. Cada Decreto tiene que estar autorizado por la Dirección de Fronteras y Límites. En ese contexto, es muy probable que la actividad de fábrica de “muertos” ocurra en terreno de playa, y para entregar su uso exclusivo a particulares se requieren autorizaciones especiales”, precisó Fernando Siebald.
Por otra parte, - añadió el asesor legal- que “existe otra gama más de normas que son relativas al tema de extracción de áridos propiamente tal, como el pago de patentes municipales”.
Siebald sentenció que “de no contar con los permisos para utilizar terrenos de playa, playa, porción de agua y fondo de mar, la autoridad marítima puede oficiar al Intendente con el objeto de que sean desalojados con auxilio de la fuerza pública”.
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